La Ley GENIUS fue firmada en julio de 2025. Los reguladores federales tienen hasta julio de 2026 para finalizar las normas de implementación. Se espera un cumplimiento total entre 2026 y 2027, con la aplicación que comience poco después. Para emisores de stablecoin, bancos y cualquier institución que toque activos digitales, esto significa respaldo de reservas 1:1 verificado mediante auditorías independientes, cumplimiento BSA/AML, garantías de reembolso y un seguimiento detallado de las transacciones. La OCC, la FDIC, la Reserva Federal y el FinCEN están redactando normas ahora mismo. La mayoría de las instituciones comprenden las propias obligaciones regulatorias. Menos han interiorizado completamente lo que esas obligaciones exigen a su infraestructura de datos. Cuando un regulador o auditor te pide que demuestres que una transacción específica se remonta a un bloque concreto en una cadena concreta, tu infraestructura de datos debe responder a esa pregunta. Si no puede, tienes un problema que el trabajo legal por sí solo no solucionará. La mayoría de la infraestructura de datos blockchain se construyó para desarrolladores que consultaban los precios de los tokens o rastreaban la actividad de la cartera. Las canalizaciones de datos son frágiles, la procedencia es opaca y la pista de auditoría es inexistente. Obtienes una tabla de resultados y tienes que confiar en que quien construyó la tubería lo hizo correctamente. Ese modelo de confianza no sobrevive a un examen regulatorio. Amp hace que los datos de la blockchain sean verificables.